En el mundo, tres de cada 10 hogares habita en arrendamiento, sin embargo, este dato aumenta considerablemente en algunos países como Suiza, donde 56% de la población habita viviendas de alquiler; Alemania, con 48%; Dinamarca, 37%; Países Bajos y Suecia, con 32 y 29%, respectivamente (Eurostat, 2017). Lo anterior es resultado de diversos fenómenos culturales, de la evolución de la vivienda y la participación estatal en las políticas de este contexto, así como tradiciones jurídicas que han fortalecido para algunos países esta forma de tenencia, aunque no existen investigaciones concluyentes de la relación entre la vivienda en renta y el desarrollo de un país, sí es claro que las áreas más urbanizadas tienden a tener porcentajes más altos de alquiler.
Cada país o región del mundo tiene explicaciones sobre los fenómenos de tenencia, en América Latina esto no puede explicarse sin comprender la dinámica de urbanización informal en buena parte de las periferias de las ciudades latinoamericanas y las políticas de propietarización que ayudaron a regularizar los asentamientos informales y convertir en propietarios a la población de clase baja habitante de estos territorios.
Para esta región, la lucha por el control del alquiler y la creación de políticas públicas al respecto no ha estado muy presente en la agenda política de los Estados en las últimas décadas, esto en buena medida es porque los inquilinos dejaron de ser mayoritarios, pero también porque dejaron de ser actores políticos activos en los movimientos urbanos. América Latina es pues una región de propietarios, la tasa de propiedad es de cerca del 64%, con variantes en países como Venezuela con 86% y Bolivia con 50% (Blanco, Fretes, & Muñoz, 2014, pág. 13).
En el caso de México la regularización de asentamientos informales fue fundamental para aumentar a los propietarios de la vivienda, especialmente para las clases bajas, a esto se suman las políticas públicas de las últimas dos décadas que consistieron en la construcción de viviendas en masa en áreas periféricas de las ciudades, lo que permitió la consolidación de la propiedad para los estratos más bajos del país y que las políticas públicas vinculadas al arriendo quedaran en segundo plano, restando fuerza a los movimientos inquilinarios existentes, al respecto Alan Gilbert comenta:
Al convertir a los arrendatarios en propietarios, los gobiernos han reducido significativamente su número, y en la medida en que los más opulentosos y poderosos han aprovechado al máximo su oportunidad, se ha reducido la posibilidad de que los arrendatarios ejerzan una presión política significativa. (Gilbert, 2010, pág. 35)
Sin embargo, décadas atrás los movimientos urbanos lograron poner a la vivienda en arriendo en el centro de las políticas. En 1922 el movimiento inquilinario de Veracruz logró fuerza tal que organizó una huelga para el cese del pago de alquiler durante más de 38 meses (Saucedo, 1986), reclamando mejores condiciones de la vivienda y regulación en el aumento del costo, a esta huelga se sumarían más tarde otras ciudades, entre ellas Ciudad de México. En 1942, con Ávila Camacho como presidente, se publicó un decreto en el que la renta de los inmuebles habitacionales, comerciales e industriales quedaron congelados, estas medidas eran parte de las estrategias de defensa en la Segunda Guerra Mundial y buscaban mantener la capacidad de consumo de las clases bajas sin tener que recurrir a aumentos salariales (Perló, 1979, pág. 29). El decreto se extendió con Miguel Alemán y en 1951 se modificó la prórroga para excluir de esta medida a los locales comerciales y a la industria, pero se mantuvo para la vivienda (García, 2017, págs. 492-493), lo que en el largo plazo y sin ningún otra política de intervención, provocó la depauperización de algunas áreas centrales de la ciudad.
Años más tarde, con el auge del movimiento de 1968 y con antecedente el movimiento de inquilinos de los años veinte, nace el Movimiento Urbano Popular (MUP) con una fuerte importancia en los movimientos urbanos en el país con especial atención en la Ciudad de México, con el que surgen otras organizaciones de luchas urbanas (Frente Popular Independiente, Bloque Urbano de Colonias Populares y diversas agrupaciones de colonos). En este contexto, en 1981 se organiza la primera reunión Inquilinaria del Valle de México donde se conforma la Coordinadora Inquilinaria que jugaría, de la mano del MUP, un papel importante durante el rescate y también en el proceso de reconstrucción después del sismo de 1985 (Bautista, 2015). Este terremoto provocó una activa participación de los movimientos urbanos, lo que detonó en una política de reconstrucción para otorgar vivienda en propiedad a los afectados a través de un mecanismo de expropiación lo que convirtió a muchas familias inquilinas de la ciudad en propietarias (Azuela, 2014, pág. 140).
Treinta y dos años después del terremoto de 1985, otro sismo similar azotó la región central del país. La respuesta ciudadana confirmó algunas cosas sobre la capacidad de respuesta social mexicana, la autoorganización de la ciudadanía y el apoyo a nivel local seguían presentes. Sin embargo, pese a la organización social y en contraposición a lo que aconteció en 1985, hubo un gremio que quedó prácticamente invisibilizado en este proceso: los inquilinos. Aun cuando buena parte de las zonas dañadas en la Ciudad de México está habitada por arrendatarios (los porcentajes más altos del país de vivienda en renta se encuentran en las alcaldías centrales de la ciudad), las autoridades locales diseñaron estrategias de reconstrucción pensando predominantemente en propietarios, los inquilinos rara vez fueron sujetos en los discursos políticos, de políticas públicas o de los medios de comunicación. ¿Qué sucedió con los inquilinos afectados en el sismo? ¿Por qué no fueron tomados en cuenta? ¿Por qué no se movilizaron, como otros gremios, para hacer exigir su derecho a la vivienda en la reconstrucción?
Hoy, en el contexto de la pandemia vemos recrudecidos algunos fenómenos sobre el acceso a la vivienda, el alquiler dependiente de los ingresos de los inquilinos en un escenario de fragilidad laboral nos muestra, quizá más claramente, los efectos de los problemas de vivienda ya latentes desde hace varios años, el encarecimiento de las rentas, lo engorroso del proceso de alquiler para los arrendatarios y la inseguridad que sienten los propietarios hacia los procesos de reposesión ante inquilinos morosos, entre otros fenómenos.
Según datos de la Encuesta Intercensal de INEGI, para 2015 casi el 25% de las viviendas en Ciudad de México están en alquiler, este dato aumenta considerablemente para las áreas centrales de la ciudad, en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc, por ejemplo, el 39% de las viviendas son habitadas en renta. Destaca que, siguiendo las tendencias de otras ciudades en el mundo, estas áreas contienen elementos que coinciden con los fenómenos de la centralidad urbana de las grandes metrópolis: accesibilidad, debido a la red del sistema vial y a la conectividad del transporte público que en estas áreas confluyen; heterogeneidad de usos y densidad de suelo, pero también de niveles socioeconómicos de los residentes de estas áreas que permiten cierto grado de mixidad social en contraposición a la homogeneidad de la periferia; y la presencia de una importante conflictividad urbana derivada de la lucha y participación de diferentes y muy diversos actores por el aprovechamiento del espacio en estas áreas (Coulomb & Delgadillo, 2017, pág. 30).
Los retos actuales son diversos, sin embargo, lo que está primariamente sobre la mesa es poder definir los perfiles de los propietarios y de los inquilinos como mayor claridad, describir los mecanismos de alquiler en los que intervienen fenómenos de subarrendamiento informal (los roomies), incluso para las clases medias, el impacto del arrendamiento turístico en la vivienda en renta, entre otros y que hoy son imperceptibles a la luz de los datos censales.
Que sirva entonces este y los próximos espacios para comenzar a debatir y argumentar sobre el fenómeno de la vivienda en arrendamiento, para desmitificar las caricaturizaciones de los actores desde el malvado y avaro propietario hasta la humilde y dependiente abuelita por un lado; y el aprovechado y flojo invasor y la familia completamente desamparada por el otro; así como problematizar el imaginario colectivo sobre la propiedad que permita cuestionarnos hasta dónde llegan los derechos y obligaciones de los propietarios y de los inquilinos en el contexto de lo urbano, así como el impacto de sus posicionamientos frente a lo público.
Entonces, el debate de la vivienda en renta, vuelve, y espero que podamos hacerlo desde una perspectiva de derecho a la ciudad.
[Participación en las Jornadas sobre la Cuestión Inquilinaria: el debate internacional y nacional sobre el derecho a la vivienda en el marco del Covid-19 y la post-pandemia]
La Mancha Gris 